El reciente triunfo legislativo de Javier Milei marcó un punto de inflexión en la dinámica de poder argentina. Con más del 40% de los votos a nivel nacional y victorias en 16 de 24 provincias, el oficialismo logró ampliar significativamente su representación parlamentaria.
El Presidente no tardó en capitalizar políticamente el resultado: “Durante los próximos dos años tenemos que avanzar el camino reformista que emprendimos”, afirmó en su mensaje de celebración, enfatizando que el nuevo Congreso será fundamental para asegurar el cambio de rumbo del país.
Con la nueva composición parlamentaria, Milei anticipó “sin lugar a dudas el Congreso más reformista de la historia argentina” a partir del 10 de diciembre, apoyándose en el salto de su fuerza de 37 a 101 diputados y de 6 a 20 senadores propios o aliados.
Este control ampliado del Poder Legislativo –que Milei calificó como un “punto bisagra” para comenzar “la construcción de la Argentina grande”– le da vía libre para impulsar las profundas reformas políticas, económicas y sociales prometidas.
El mensaje presidencial combinó tono triunfal con apertura al diálogo: anunció que “el gabinete debe reflejar los consensos”, sugiriendo la posible incorporación de referentes de otras fuerzas para garantizar el quórum y el apoyo a las leyes clave de reforma laboral, tributaria y del gasto público.
En suma, Milei se ve fortalecido en el Congreso y decidido a traducir ese poder en cambios estructurales, apoyado en lo que él mismo denomina “el Congreso más reformista de la historia”
La clave: no perder el foco en la integridad gubernamental
La euforia oficial por el aval de las urnas contrasta con las lecciones recientes sobre los riesgos de descuidar la supervisión interna. Un ejemplo contundente es el caso Spagnuolo, un escándalo que estalló semanas atrás y expuso vulnerabilidades en el control gubernamental. Diego Spagnuolo, abogado y exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) –y amigo personal de Milei– fue grabado denunciando un esquema de presuntos sobornos dentro de su organismo.
La revelación desató una crisis política inmediata: el Gobierno intervino la ANDIS y Milei ordenó la destitución fulminante de Spagnuolo mediante decreto.
Más allá de las responsabilidades penales que investigue la Justicia, el episodio dejó al descubierto cómo la falta de atención o control en ciertas áreas sensibles puede escalar hasta un escándalo que golpea la credibilidad oficial. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió públicamente que “no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”, reflejando la gravedad institucional del asunto.
El caso Spagnuolo, aunque ajeno al sector seguros, funciona como un llamado de atención para todo el Gobierno: tolerar zonas grises en la gestión pública puede derivar en sorpresas desagradables que minan el capital político acumulado.
En términos institucionales, la moraleja es clara –y aplicable a otros ámbitos–: transparencia y control interno no son opcionales, sino condiciones indispensables para sostener la credibilidad de un proyecto de cambio.
La influencia de Pablo Sallaberry y las sombras sobre la Superintendencia de Seguros
En el terreno específico del mercado asegurador, que requiere un árbitro equilibrado, surgen interrogantes sobre la situación institucional de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Mientras Milei rediseña su gabinete y afina sus reformas, el organismo regulador de seguros enfrenta sus propias turbulencias.
En los pasillos del sector, muchos señalan que Pablo Sallaberry, gerente general de la aseguradora La Holando Sudamericana, se ha convertido en “el nuevo hombre fuerte detrás de la frágil conducción de Guillermo Plate” –actual superintendente de Seguros–, llegando a manejar “la agenda política y operativa” de la SSN, tal como refleja el medio Letra P.
Acorde a lo que dice Letra P, este empresario, casi desconocido fuera del mundo asegurador, habría tenido un ascenso meteórico en influencia durante los últimos meses, al punto de ser considerado “por encima del propio Plate” en la toma de decisiones del organismo
Los indicios de esta injerencia sobran. Días después de unas elecciones provinciales adversas, Sallaberry llamó la atención al participar en una reunión entre el ministro de Economía y las principales aseguradoras –un ámbito típicamente reservado a reguladores y ejecutivos públicos–, confirmando que ya no es un actor más del sector sino un operador con peso propio en la política del seguro.
¿Cómo es que el CEO de una aseguradora privada termina oficiosamente co dirigiendo la entidad que debe regularlo?
Parte de la explicación radica en su trayectoria: Sallaberry ocupó la Gerencia Jurídica de la SSN durante el gobierno de Mauricio Macri, conoce desde adentro el funcionamiento regulatorio y tejió redes técnicas y políticas en la institución. Ahora, desde el sector privado, ese know how sería la base de su influencia: se lo describe como quien “define y ordena inspecciones y sumarios” contra compañías competidoras que no forman parte del “círculo de aseguradoras favorecidas” por la actual conducción.
En paralelo, actúa de nexo político para Plate: Sallaberry administra los vínculos del superintendente con aliados clave, como Franco Ortolano (presidente de Liderar Seguros), consolidando una red informal de poder dentro del ente regulador.
De hecho, según fuentes del mercado, Sallaberry logró ubicar a personas de su confianza en dos gerencias estratégicas –Inspecciones y Evaluación de Riesgos– desde donde se monitorea la situación de las aseguradoras competidoras de La Holando, la compañía que él mismo dirige.
Esta convergencia de roles es altamente delicada: equivale a que un regulado escriba las reglas y decida quién las incumple. La situación roza el conflicto de intereses flagrante. Por un lado, algunas aseguradoras parecieran gozar de trato preferencial del regulador, mientras otras enfrentan obstáculos y sanciones discrecionales.
Especialistas advierten que esta discrecionalidad en la aplicación de sanciones “desvirtúa la libre competencia e igualdad de condiciones” en el mercado asegurador.
Es un contrasentido notorio: el gobierno libertario de Milei pregona la desregulación y la competencia, pero en la SSN se percibe una “cancha inclinada” a favor de un puñado de compañías protegidas.
En buen criollo, la imparcialidad regulatoria estaría comprometida. La conducción de Guillermo Plate –debilitada además por su interna política con su exmentor Juan Pazo- luce condicionada por estas influencias externas. Permitir que un empresario del sector dicte (aunque sea informalmente) las políticas de control sobre sus propios colegas competidores no sólo resulta antiético, sino que erosiona la credibilidad de la SSN ante los asegurados y el público. El fantasma de la “captura del regulador” –cuando los intereses privados dominan al ente que debe controlarlos– asoma peligrosamente en este caso.
El Código de Ética de la SSN y la incompatibilidad de roles públicos-privados
Cabe recordar que la propia Superintendencia, apenas un año atrás, intentó blindar su integridad institucional. En octubre de 2024, mediante la Resolución 559/2024, se aprobó el nuevo Código de Ética de la SSN, un compendio de principios y reglas de conducta que “plasma objetivos, valores, responsabilidades, incompatibilidades, sanciones y deberes” para guiar el accionar de todo el personal del organismo.
Dicho Código establece de forma categórica la obligación de evitar conflictos de interés bajo cualquier modalidad. “Deberá evitarse toda situación que importe un conflicto de intereses real, potencial o aparente, y toda actividad que privilegie intereses particulares o de terceros por sobre el interés público” a cargo de la SSN, dispone el texto en uno de sus primeros capítulos.
En concreto, prohíbe a los funcionarios del ente regulador “dirigir, administrar, representar, asesorar o prestar servicios” a cualquier persona o entidad que gestione negocios con la SSN o esté sujeta a su regulación, en especial si el cargo del funcionario tiene competencia directa en esos asuntos. También les exige abstenerse de intervenir en trámites o decisiones donde tengan un interés personal, familiar o de amistad en juego.
El espíritu de estas normas es cristalino: asegurar que quienes regulan el mercado de seguros lo hagan con imparcialidad e independencia, sin contaminar sus decisiones con vínculos o conveniencias privadas.
El Código de Ética, además, va más allá al enfatizar la integridad personal de los agentes públicos. Les ordena “evitar el uso de influencias para beneficios propios y/o de terceros, desechando todo provecho o ventaja personal indebida, obtenido por sí o por interpósita persona”. Y les impone denunciar cualquier falta ética de la que tengan conocimiento, para prevenir daños al Estado.
En suma, la normativa vigente en la SSN incompatibiliza los roles regulatorios con intereses privados en el mismo sector de forma explícita. La situación descripta en la SSN respecto de Sallaberry y Plate pareciera chocar de frente con estos preceptos: si un funcionario no puede ni siquiera asesorar a entidades bajo su órbita, resulta aún más grave que pueda llegar a subordinar su criterio a la agenda de un operador externo.
La línea divisoria que traza el Código de Ética no podría ser más clara, y sin embargo, la realidad pinta un cuadro preocupante de posible incumplimiento.
Conclusión: hora de reforzar la SSN para proteger la credibilidad del Gobierno
En sintonía con la renovación de gabinete que Javier Milei anunció tras su victoria electoral, surge la pregunta inevitable de si no es también momento de revisar a fondo la situación de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
El Gobierno ha puesto sobre la mesa reformas estructurales para modernizar Argentina; pero esa ambición reformista debe incluir el fortalecimiento institucional de sus órganos de control. La SSN, tal como está operando según las fuentes mencionadas, corre el riesgo de convertirse en un “caso Spagnuolo” en potencia dentro del ámbito de los seguros: un frente descuidado donde la falta de controles o la connivencia indebida pueda estallar en escándalo, llevándose por delante la confianza pública.
Prevenir ese desenlace requiere decisiones oportunas. Si Milei y su equipo han comprendido la lección de Spagnuolo, sabrán que cerrar los ojos ante anomalías internas puede resultar costosísimo. Por el contrario, transparentar, despejar incompatibilidades y asegurar la ética en la SSN enviaría una fuerte señal de coherencia: la misma firmeza con que se exige austeridad y honestidad en el discurso reformista debe aplicarse puertas adentro del Gobierno.
En definitiva, la credibilidad del proyecto de Milei también se juega en estos detalles institucionales. Un regulador de seguros profesional, autónomo de presiones privadas y apegado a su Código de Ética es un eslabón necesario para que las reformas económicas rindan frutos sin tropiezos de corrupción o favoritismo.
Así como el nuevo Congreso ofrece la oportunidad de cambios legislativos profundos, la situación de la SSN ofrece la oportunidad –y la urgencia– de demostrar compromiso con las buenas prácticas de gobierno. Atender hoy las sombras que se ciernen sobre la Superintendencia será la mejor garantía de que mañana no estalle un escándalo que empañe el impulso reformista.
En la construcción de la “Argentina grande” que Milei pregona, no hay lugar para supervisores capturados ni para la duda ética: consolidar la institucionalidad de la SSN es proteger a los asegurados, al mercado y, en última instancia, la credibilidad de todo un gobierno.