Por Pablo Azorín, especialista en seguridad vial y movilidad sostenible.-
Argentina enfrenta un reto persistente en el ámbito de la seguridad vial, un problema que se ha prolongado durante décadas. Cada vida que se pierde, cada persona herida y cada daño material representan un costo humano significativo, así como un impacto económico y social que no se puede seguir ignorando.
Estadísticas de los últimos años
En 2023, se registraron 4.369 muertes en siniestros viales en todo el país, lo que indica una ligera disminución de aproximadamente el 4% en comparación con 2022, cuando se reportaron 4.567 fallecimientos.
En años anteriores, las cifras fueron aún más alarmantes: en 2018 se contabilizaron 5.493 víctimas fatales; en 2019, 4.898; y en 2020, aunque hubo una baja probablemente influenciada por la pandemia de COVID-19, se registraron 3.601 muertes. En 2021, la cifra fue de 4.483 y en 2022, de 4.653.
Se ha observado una tendencia a la baja en la tasa de mortalidad: por ejemplo, la tasa de fallecidos por cada 100.000 vehículos ha disminuido, pasando de aproximadamente 63 muertes en 2013 a cerca de 35 en 2023.
Un estudio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) estima que los siniestros viales en Argentina generan costos equivalentes a alrededor del 1,7% del PIB.
A pesar de las señales de mejora, la magnitud del problema sigue siendo alarmante: se pierden vidas, se afectan familias, los hospitales enfrentan mayor presión, hay pérdidas de productividad y se destinan inversiones públicas para reparar daños que podrían haberse evitado.
Recomendaciones para avanzar hacia una movilidad segura
Para lograr una movilidad segura, sostenible y equitativa, Argentina necesita implementar políticas integrales. A continuación, se presentan algunas recomendaciones clave:
Fortalecer los controles y la fiscalización. Es fundamental mejorar el control del uso de cascos en motociclistas, el uso del cinturón de seguridad en automovilistas, el respeto a los límites de velocidad y llevar a cabo controles de alcohol y drogas.
Infraestructura vial segura. Es necesario diseñar rutas y vías urbanas teniendo en cuenta criterios de seguridad, como bordes seguros, barreras de contención, iluminación adecuada y pasos peatonales visibles.
Educación vial:
- Implementar programas educativos continuos en las escuelas para formar conductores responsables desde una edad temprana.
- Establecer formación obligatoria para conductores de vehículos (autos, motos) que incluya capacitación práctica y teórica adecuada.
Recolectar datos de calidad y monitorear resultados. Es vital contar con sistemas de información confiables, actualizados y georreferenciados que permitan identificar áreas con alta siniestralidad.
Estudios costo-beneficio para orientar inversiones. Se debe garantizar la transparencia en los informes y la rendición pública de los resultados de las políticas implementadas.
Inversión sostenida:
- Destinar un presupuesto específico para seguridad vial, no solo para la respuesta a incidentes (hospitales, reparación de rutas), sino también para la prevención.
- Financiar tecnología, capacitación, infraestructura verde (espacios seguros para peatones y ciclistas) y transporte público seguro.
Implementar políticas de movilidad segura no debe considerarse un gasto, sino una inversión. Cada vida salvada, cada herido menos grave, implica menores costos para el Estado en salud, menos pérdidas económicas y menos sufrimiento para las familias.
Argentina se encuentra en un momento crucial, donde los datos sugieren que las mejoras son posibles. Sin embargo, aún se requieren compromisos y acciones concretas. Es el momento de que las autoridades nacionales y locales, la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado trabajen juntos para transformar las rutas, calles y veredas en espacios seguros para todos.