La presidenta de UART, Mara Bettiol, y la gerente técnica de H&B de WTW, María Laura Domínguez, participaron en el cuarto panel de Ámbito Debate, coorganizado con FANDOM de Seguros, titulado “Riesgos y Seguros, lo que toda empresa necesita saber”.
El ciclo, moderado por Eliana Carelli, se centró en cómo abordar la problemática de la ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo) y los juicios. Bettiol destacó la necesidad de una reforma laboral, mencionando que “hoy todo lo relacionado con el trabajo es un tema crucial, ya que el empleo no ha crecido en más de diez años”.
La representante de UART explicó que “una de las causas de esta situación es la judicialidad laboral, donde la mitad de los juicios están relacionados con riesgos del trabajo, es decir, directamente a la ART, y el resto se refiere a otros juicios laborales contra empleadores”. Bettiol enfatizó que “esto afecta indirectamente al costo argentino y al costo del empleador”, señalando que hay aproximadamente “260.000 juicios que están limitando la creación de empleo y colapsando el sistema de riesgos del trabajo”.
Reforma laboral, el rol de la Justicia y la afectación del empleo
Bettiol mencionó que “hemos avanzado mucho en la materia con una ley que requirió consenso entre empleadores, sindicatos y el gobierno. Sin embargo, a pesar de que 18 legislaturas provinciales aprobaron una ley hace ocho años, esta no está siendo implementada adecuadamente por la Justicia”.
La experta indicó que “los tribunales superiores no han formado los cuerpos médicos forenses, lo que significa que los peritos en las instancias judiciales no están adecuadamente calificados”. Criticó que “los juzgados laborales están dominados por peritos que no tienen más mérito que estar en una lista, cobran comisiones y no son supervisados, lo que lleva a que el juez acepte lo que dicen sin cuestionar”.
Bettiol explicó que los peritos establecen un porcentaje de incapacidad que, si es validado por el juez, crea una relación directa entre dicho porcentaje y sus honorarios. Esto, según ella, es un “incentivo perverso”, y añadió que “un 91% de los juicios son de cero incapacidad o casos que no deberían haber llevado a juicio”.
La necesidad de contar con cuerpos médicos forenses no es un privilegio, sino un requerimiento legal que busca establecer reglas claras y seguridad jurídica, ya que el sistema está estancado por la cantidad de juicios.
Bettiol también destacó que la reforma laboral es esencial para temas más allá de los riesgos del trabajo, afirmando que “actualmente tenemos 10 millones de trabajadores cubiertos y podríamos más que duplicar esa cifra”. Agregó que “cualquier empleador diría que, si no tuviera esta exposición judicial o si los costos disminuyeran, habría más empleo, ya que la judicialidad laboral afecta el 70% de las decisiones sobre la creación de empleo”.
La comunicación para desarmar una judicialidad creciente
Domínguez hizo un llamado a la concientización y el involucramiento, recordando que “este sistema fue creado como una cobertura obligatoria que se financia a través de la seguridad social, pero se basa en un concepto de uso: cuanto más se utiliza, mayor es el costo”.
En el contexto judicial, consideró que “un aspecto fundamental es el costo; si voy a pagar, debo saber cuánto y por qué”, aclarando que “más del 50% del impacto en la prima se debe a los costos judiciales”. También subrayó la importancia de que los directores financieros se involucren, ya que el impacto financiero de la judicialidad afecta directamente los costos de la empresa.
Domínguez identificó signos de juicios inminentes, como autodenuncias o cartas documento, como alarmas que pueden ayudar a resolver conflictos antes de que se agraven. “El trabajador a menudo no comprende que esto repercute directamente en la empresa, por lo que la comunicación es vital”, afirmó, añadiendo que “conversar puede cambiar la cultura y disminuir la influencia de unos pocos en el sector”.
El involucramiento empresarial como factor clave
Domínguez enfatizó la importancia del involucramiento del empleador en conocer a sus empleados, resaltando que “siempre hay espacio para el diálogo si un trabajador tiene inquietudes”.
Destacó que “hay juicios que se pueden revertir” y que el seguimiento al empleado aumenta las posibilidades de resolver conflictos antes de que se conviertan en litigios. “Menos juicios resultan en un crecimiento y eficiencia en costos mayores”, agregó.
Bettiol concluyó que “el empleador necesita un sistema asegurador que garantice cobertura, mientras que el trabajador se beneficia de la prevención y la reparación en caso de accidentes”. Reiteró la necesidad de un enfoque más riguroso desde la Justicia, señalando que “si un abogado promete una incapacidad sin el respaldo judicial, la situación sería diferente”.