La presidenta de UART, Mara Bettiol, y la gerente técnica de H&B de WTW, María Laura Domínguez, participaron en el cuarto panel de Ámbito Debate, coorganizado con FANDOM de Seguros, titulado “Riesgos y Seguros: lo que toda empresa debe saber”.
El ciclo, moderado por la presentadora de FANDOM de Seguros, Eliana Carelli, abordó la problemática de las ART y los juicios. Bettiol subrayó la necesidad de una reforma laboral, afirmando que “todo lo relacionado con el trabajo está en la agenda, ya que el empleo no crece desde hace más de 10 años”.
Según Bettiol, “una de las causas de esta situación se relaciona con la judicialidad laboral”, donde la mitad de los casos se refieren a riesgos laborales, es decir, directamente vinculados a las ART, mientras que el resto involucra a otros juicios laborales dirigidos a los empleadores. Destacó que “esto afecta indirectamente al costo argentino y al costo del empleador”, citando que “hay 260.000 juicios que están obstaculizando la creación de empleo y provocando el colapso del sistema de riesgos del trabajo”.
Reforma laboral, el papel de la Justicia y su impacto en el empleo
Bettiol señaló que “hemos realizado un avance significativo en el ámbito de los riesgos laborales, con una ley que requirió mucho consenso entre empleadores, sindicatos, cámaras y el gobierno. Hace 8 años, cada parte cumplió su función, y 18 legislaturas provinciales aprobaron una ley que no está siendo implementada por un actor clave: la Justicia”.
La experta mencionó que “los tribunales superiores no han establecido los cuerpos médicos forenses, es decir, los peritos en los procesos judiciales” y criticó que “los juzgados laborales están dominados por peritos que no tienen más méritos que estar en una lista, cobran comisiones y nadie les exige explicaciones ni controles, simplemente el juez acepta lo que dicen”.
En relación a esta situación, explicó que los peritos “determinan un porcentaje de incapacidad que, si es validado por el juez, lo que sucede casi en el 100% de los casos, tiene una correlación directa con su remuneración”, lo que lo calificó como “un incentivo perverso”. Además, recordó que, según datos oficiales, “el 91% de los juicios ingresados son de cero incapacidad o corresponden a casos que no deberían calificarse como tales según la ley”.
Bettiol analizó que la solicitud de cuerpos médicos forenses “no es un privilegio, sino una necesidad para cumplir con la ley y establecer reglas claras y seguridad jurídica, ya que contamos con una ley y un sistema que debería funcionar, pero que hoy está colapsando debido a la cantidad de juicios”.
En cuanto a la reforma laboral, consideró que “es un aspecto relevante que necesita atención para temas que van más allá de los riesgos laborales”, destacándola como crucial para la creación de empleo de calidad. “Actualmente tenemos 10 millones de trabajadores cubiertos y podríamos más que duplicar esa cifra. Cualquier empleador sostiene que, si no tuviera esa exposición judicial o si se redujeran los costos, habría más empleo. La judicialidad laboral influye en el 70% de las decisiones sobre generación de empleo”, comentó.
Comunicación para desactivar una judicialidad creciente
Domínguez, por su parte, enfatizó la importancia de “la concientización y el compromiso”, recordando que “este sistema se originó como una cobertura obligatoria y se financia a través del sistema de seguridad social, pero tiene un principio de tasa de uso: cuanto más se utiliza, más costoso resulta”.
Considerando el contexto judicial, manifestó que “un primer aspecto fundamental es el costo, es decir, que si voy a pagar, debo saber cuánto y por qué”, agregando que “más del 50% del impacto en la prima proviene de costos judiciales”. También destacó “el involucramiento de los directores financieros de las áreas”, indicando que anteriormente era responsabilidad de recursos humanos, pero ahora se relaciona porque el impacto económico de la judicialidad afecta los costos.”
Al referirse a señales de un juicio inminente, Domínguez indicó que “las autodenuncias, rechazos o cartas documento suelen ser una señal de alerta de un posible juicio”, y valoró que “en esta etapa hay muchas posibilidades de resolver el conflicto”.
“El trabajador generalmente no es consciente de que esto impacta directamente en la empresa, por lo que la comunicación es esencial. Conversar puede provocar un cambio cultural que contrarreste esta industria que beneficia a unos pocos y que hace creer que al empleador no le afecta, lo cual no es cierto”, afirmó Domínguez.
Asimismo, recordó que “este costo lo asumimos todos” y comparó: “No es razonable que un sistema opere con un índice de 170 cada 1.000 en judicialidad, cuando en Chile y España, que tienen un sistema similar, es de 5 cada 1.000”.
El compromiso empresarial como elemento fundamental
Al profundizar en posibles factores de mejora, Domínguez resaltó que es crucial para el empleador “involucrarse en el conocimiento de sus empleados” y recordó que “siempre se puede dialogar si el trabajador presenta una inconformidad”.
En este sentido, mencionó que “existen juicios que se pueden revertir” y aclaró que “es más exitoso cuando se ha realizado un seguimiento previo y el empleado percibe que se está atendiendo su situación, lo que dificulta que el abogado le diga ‘no pasa nada’”. Resaltó que “menos juicios conducen a un mayor crecimiento y eficiencia en costos”.
Bettiol, además, consideró que “el empleador necesita un sistema asegurador que garantice la cobertura y el trabajador debe contar con prevención y reparación en caso de que ocurra un accidente”, instando también a las cámaras empresariales a actuar. Al mismo tiempo, enfatizó la importancia del papel de la Justicia. “Si un abogado promete una incapacidad que no es validada por la Justicia, la situación sería diferente”.